BOLETÍN JURÍDICO

Enero 2021

Lo que trae la Ley de Emprendimiento (2069 de 2020) al sector empresarial en Colombia

Por: Stefanía Landaeta Chinchilla

Con el ánimo de ser un apoyo para los empresarios de las MIPYME en Colombia, a propósito de la pandemia del Covid-19, en esta ocasión queremos contarles a nuestros clientes y a los pequeños empresarios qué beneficios trajo la recién expedida Ley 2069 de 2020 “por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”.

Esta Ley 2069 sancionada el pasado 31 de diciembre de 2020 tiene por objeto “establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.” En la norma se encuentran medidas de apoyo para las MIPYMES, para las asociaciones mutuales y para las cooperativas. Se contemplan medidas para la racionalización y simplificación de procesos, trámites y tarifas, medidas en materia de compras públicas que favorecen en los procesos de selección a las MIPYMES entre otros grupos sociales vulnerables, se establece un impulso al acceso de financiamiento para las empresas, se ajusta el marco institucional del Estado para ajustarlo a las nuevas medidas y finalmente se establecen disposiciones con relación a la creación de cátedras y estudios en materia de emprendimiento, tanto en educación escolar como en educación superior.

A continuación, explicaremos las novedades que seguramente serán las de mayor utilidad para el sector empresarial del país:

1. Tarifa preferencial para MIPYMES en el pago de la tasa al INVIMA a cargo de las personas que requieran la expedición, modificación y renovación del registro sanitario para producir, importar, distribuir o comercializar medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, entre otros.

El artículo 2 de la Ley dispone que el INVIMA debe establecer tarifas diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial, teniendo en cuenta que no podrán acceder a las tarifas diferenciadas, las MIPYME que se encuentren en una situación de subordinación respecto de gran empresa, o pertenezcan a un grupo empresarial.

 

Las microempresas, incluyendo los pequeños productores quedan exceptuadas del pago de la tasa para la expedición, modificación y renovación de los registros ante el INVIMA. También quedan exceptuadas las cooperativas, las asociaciones mutuales y las asociaciones agropecuarias, étnicas y campesinas que desarrollen actividades económicas productivas y que clasifiquen como microempresas.

2. Tarifas preferenciales para las MIPYMES en el pago del impuesto departamental de registro

El artículo 3 establece rangos menores de referencia que las asambleas departamentales deben seguir para la fijación de la tarifa del impuesto de registro. Así, van a bajar las tarifas porque:

- Para el registro de actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, distintos a aquellos que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, la tarifa pasa de ser entre el 0.3% y el 0.6% y antes era de entre el 0.3% y el 0.7%

 

-Para el registro de actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, la tarifa será de entre el 0.1% y el 0.2%, y antes rondaba entre el 0.1% y el 0.3%

3. Se deroga la causal de disolución de las sociedades de tener una disminución del patrimonio en 50% o más del capital suscrito y se reemplaza por la causal de disolución de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.

4. Se impulsa la regulación de varios modelos de negocio entre el ellos los SANDBOX y las franquicias

Los SANDBOX son espacios de experimentación que permiten a las empresas probar productos, servicios y soluciones bajo la supervisión de una entidad reguladora. Estos espacios facilitan que las empresas innovadoras puedan operar productos o servicios temporalmente bajo una regulación flexible en un ambiente controlado, permitiendo ayudar a promover la creación o adaptación de productos o servicios innovadores, y estimular la comunicación entre las empresas y el regulador además de garantizar que los marcos regulatorios respondan plenamente a los cambios en las condiciones económicas, sociales y técnicas derivados del avance tecnológico.

El artículo 5 de la Ley 2069 establece la responsabilidad del Gobierno nacional de regular en un plazo no mayor de un año este tipo de emprendimientos, que permita en cada uno de los Ministerios y Sectores Administrativos, crear un ambiente especial de vigilancia y control, que facilite el desarrollo de modelos de negocio que apalanquen e impulsen la economía de alto valor agregado y sostenible en distintos ámbitos, a partir de la promoción de actividades intensivas en tecnología, innovación, uso sostenible del capital natural y/o tendientes a la mitigación de la acción climática.

Con relación a régimen de los acuerdos de franquicia, el artículo 11 de la Ley 2069 establece que el Gobierno Nacional promoverá el modelo de franquicias como alternativa para el emprendimiento y la expansión de MIPYMES, para ello deberá reglamentar las condiciones técnicas que definen la franquicia, las obligaciones y el régimen de responsabilidad del franquiciante y el franquiciado, a que haya lugar. Haciendo claridad, en que el nuevo régimen en ningún momento podrá representar mayores beneficios que los implementados para promover la creación de nuevas empresas.

5. Facilidades en las reuniones de asambleas generales de accionistas y juntas de socios.

El artículo 6 de la Ley, modifica el artículo 182 del Código de Comercio en el sentido de señalar que pueden convocar a reuniones extraordinarias de la Asamblea general o de la Junta de socios ya no los socios o accionistas que representen un 25% o más del capital social sino un número de asociados que representante el 10% o más del capital social.

También la norma establece que por las circunstancias de fuerza mayor que están alterando la salud pública y el orden público económico, el Gobierno Nacional podrá establecer el tiempo y la forma de la convocatoria y las reuniones ordinarias del máximo órgano social de las personas jurídicas, incluidas las reuniones por derecho propio, para el año 2021.

6. Contabilidad simplificada para microempresas con varias formas de contabilidad

7. Facilidades en el empleo remoto 

Muy en línea con el impulso al teletrabajo que el Gobierno nacional ha dado con ocasión de la pandemia del COVID-19 se ordena al Gobierno expedir un régimen especial para el ingreso, permanencia y trabajo en el país de los denominados "nómadas digitales", los cuales incluyen a personas dedicadas a realizar trabajo remoto y/o independiente, incluyendo las modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia y/o trabajo remoto, con el propósito de promover al país como un centro de trabajo remoto en el marco de la cuarta revolución. (Artículo 16).

A su vez, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias mundiales, se habilita el trabajo remoto más allá del teletrabajo, con el fin de garantizar la generación de empleo en el país, y la consolidación y crecimiento de las empresas. Asunto que debe reglamentar el Gobierno nacional (Artículo 17).

8. Tratamientos preferenciales para MIPYMES en compras públicas

Esta Ley establece que las Entidades Estatales de acuerdo con el análisis de Sector podrán incluir en los procesos de contratación requisitos diferenciales y puntajes adicionales, en función del tamaño empresarial para la promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas. Estos criterios deberán ser reglamentados por el Gobierno Nacional, que deberá dar prioridad a la contratación de producción nacional sin perjuicio de los compromisos comerciales adquiridos con otros Estados. (Artículo 31).

También, la Ley contempla requisitos diferenciales y puntajes adicionales para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en su gestión contractual el Estatuto General de Contratación Administrativa (Artículo 32).

 

Finalmente, en este contexto, en el artículo 35 se establecen factores de desempate que benefician en los procesos de contratación a las MIPYMES como: preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros y preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales.

Entre otros factores de desempate se contemplan que las empresas incluyan en su nómina mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, personas en condición de discapacidad, personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia; población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, o Rom.

9. Financiación colaborativa y Centros de emprendimiento

Para terminar, queremos resaltar el impulso que trae esta Ley a las actividades de financiación colaborativa o crowdfunding facultando al Gobierno para la reglamentación de esta actividad (Artículo 44), y la creación de los centros de emprendimiento CEmprende como una iniciativa del Gobierno Nacional, en cabeza de iNNpulsa Colombia, para facilitar la conexión entre los emprendedores, la academia, la empresa privada, el Estado y la sociedad para fortalecer y dinamizar el desarrollo del emprendimiento y la innovación en el país. Así serán espacios para generar conexiones de valor y promover el fortalecimiento de los actores del ecosistema emprendedor e innovador del país. Su funcionamiento será reglamentado por el Gobierno.

Las medidas que trae la Ley ReactivARTE para el sector cultural - Ley 2070 de 2020

Dejando atrás el año 2020, un duro año para el sector cultural en Colombia por cuenta de la pandemia del COVID-19, llegan en buena hora varias medidas de la Ley 2070 para promover el patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad.

Mediante esta ley se crean diferentes mecanismos que buscan darle impulso a la cultura, el arte, y el patrimonio y son las siguientes:

1. Creación del fondo FONCULTURA

Se crea el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad – FONCULTURA, que será administrado por la entidad de patrimonio público y privado “Colombia Crea Talento", no obstante el comité directivo de este fondo estará conformado por miembros del gobierno, entre ellos el Ministro de Cultura, el Ministro de Hacienda y un delegado del Presidente de la República, también estará presente en el comité directivo un representante de las entidades responsables de cultura en los departamentos y otro de los municipios.

El fondo FONCULTURA se financiará con recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación, diferentes de las apropiaciones del Ministerio de Cultura, recursos del Ministerio de Cultura y sus entidades adscritas, recursos recaudados por concepto de multas en casos de vulneración al Patrimonio Cultural de la Nación, recursos no ejecutados y reintegrados por parte de las entidades territoriales, correspondientes al Impuesto Nacional al Consumo de telefonía, datos, internet y navegación móvil destinada a la cultura, recursos no ejecutados y reintegrados por parte de las entidades territoriales, correspondientes a la contribución parafiscal cultural de espectáculos públicos de las artes escénicas (Ley 1493 de 2011), donaciones, entre otras fuentes de financiamiento.

Los recursos del fondo serán destinados a diferentes líneas de la política cultural, entre las que se encuentran todas las actividades de la economía naranja, expresiones culturales, turismo cultural e infraestructura cultural y creativa, de profesionalización de las artes, iniciativas y proyectos audiovisuales, a través de aportes al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico creado por la Ley 814 de 2003 y al Fondo Fílmico Colombia creado por la Ley 1556 de 2012, e iniciativas y proyectos que generen formalización, capacitación y acompañamiento a los creadores, gestores culturales y artistas.

Las propuestas presentadas por las personas interesadas en ser beneficiarias de los recursos del Fondo deberán conformar un Banco de Iniciativas a cargo Colombia Crea Talento. Respecto a las iniciativas, estas deberán contener una explicación detallada de las actividades, adquisiciones y gastos que se requieren para su desarrollo. Las personas naturales o jurídicas interesadas en ser beneficiarias de los recursos de FONCULTURA podrán presentar sus iniciativas antes las secretarías de cultura municipales, distritales y departamentales, quienes tendrán la obligación de enviarlas al fondo.

No obstante lo anterior, los recursos de FONCULTURA también podrán ser utilizados, sin necesidad de la presentación de una propuesta al Banco de Iniciativas, para la atención de actividades a cargo del Ministerio de Cultura que impliquen la investigación, identificación, apropiación social, protección, manejo, salvaguardia y sostenibilidad del patrimonio cultural material e inmaterial, entre otros.

Enuncia la norma además, que en el desarrollo de las convocatorias y mecanismos de apoyo para la destinación de los recursos del Fondo, se dará un tratamiento y calificación o puntaje especial a las iniciativas que se ejecuten en áreas no municipalizadas y municipios de categorías 4, 5 y 6, así como aquellos que busquen desarrollar acciones afirmativas que tengan en cuenta enfoque de género y en favor de grupos étnicos, personas con discapacidad, excombatientes en proceso de reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

2. Posibilidad de obtener mayores recursos para el sector cultura en municipios y departamentos por la Estampilla Procultura.

Se establece que los departamentos y municipios podrán destinar a actividades culturales y artísticas el 20% de los recursos provenientes de la Estampilla Procultura que debían ser objeto de retención con destino a los fondos de pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos o del respectivo municipio o departamento, si los municipios o departamentos ya cubrieron dicho pasivo pensional y se encuentran saldos disponibles.

3. Menor porcentaje de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta para actividades culturales

Por regla, las retenciones en la fuente a título del impuesto de renta pueden llegar a ser de hasta el 20% en diferentes actividades, así, como beneficio para el sector cultural se estableció como tarifa de este tipo de retención para actividades culturales y creativas (27 definidas en la Ley en materia de cultura y arte), sólo el 4%.

4. Promoción al acceso a líneas de crédito preferencial para el sector cultura, teniendo en cuenta las características de su actividad particular de gestores, creadores, cultores y artistas.

Se promoverá el acceso a crédito a gestores, creadores, cultores y artistas, teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura podrá establecer en sus convocatorias criterios diferenciales para promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de grupos cuyos miembros sean población vulnerable.

5. Creación del Registro Único Nacional de Agentes Culturales - Soy Cultura.

Se crea el Registro Nacional de Agentes Culturales como instrumento de inscripción, caracterización y actualización de la información de los gestores y creadores culturales, para la formulación y promoción de la Política Pública del sector cultura, con el fin de promover el desarrollo del sector y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales. El Registro será público y estará a cargo del Ministerio de Cultura. Se enuncia que quienes aspiren a obtener los estímulos públicos culturales por parte del Ministerio de Cultura y la entidades departamentales, municipales y distritales responsables de la cultura, así como para aquellos estímulos otorgados por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de que trata la Ley 813 de 2003, deberán estar inscritos en este registro.

Ya desde abril de 2020 el Gobierno nacional consciente de la difícil situación que estaban pasando las empresas en Colombia por culpa de pandemia y las pérdidas que reportaban, mediante el Decreto legislativo 560 de 2020, suspendió la causal de disolución de disminución del patrimonio en 50% o más del capital suscrito durante 24 meses. Ahora el Congreso que siguió la misma línea tomada por el ejecutivo en el artículo 4 de la Ley 2069 derogó la mencionada causal de disolución.

No obstante, estableció una nueva causal en su reemplazo, el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, que viene de la regulación contable nacional e internacional prevista en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así, se entiende como hipótesis de negocio en marcha la situación en la cual la empresa está en funcionamiento o en marcha, en la que sus socios no tienen la voluntad de liquidar la empresa o de hacer cesar sus operaciones (Marco conceptual de las NIIF, párrafo 4.1 y NIC 1, numeral 25).

 

El artículo 4 de la Ley 2069 establece que cuando se pueda verificar razonablemente el incumplimiento de esta hipótesis los administradores sociales se deberán abstener de iniciar nuevas operaciones, distintas a las del giro ordinario de los negocios, y convocarán inmediatamente a la asamblea general de accionistas o a la junta de socios para informar completa y documentadamente dicha situación, con el fin de que el máximo órgano social adopte las decisiones pertinentes respecto a la continuidad o la disolución y liquidación de la sociedad, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber.

 

También se enuncia que los administradores sociales deberán convocar al máximo órgano social de manera inmediata, cuando del análisis de los estados financieros y las proyecciones de la empresa se puedan establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber. Queda en todo caso en cabeza del Gobierno nacional la facultad de establecer las razones financieras o criterios para que se considere el incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.

En desarrollo de la contabilidad simplificada para microempresas que trajo el artículo 2 de la Ley 1314 de 2009 la Ley de emprendimiento facultó al Gobierno a autorizar que las microempresas lleven contabilidad de acumulación, o de caja, o métodos mixtos, según la realidad de sus operaciones.

© Susana Carrié,  2018 para ZAPATA & RÍOS  .  ABOGADOS ASOCIADOS